El Secretario General del Partido Humanista de Argentina, Fernando Schüle, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal exigiendo la investigación de posibles delitos por parte del presidente Javier Milei y los miembros de su gabinete, involucrando incluso a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La denuncia quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 1 a cargo de la Doctora Romilda Servini.
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En la exposición, se solicita la investigación de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público con motivo del dictado del DNU 70/2023 y de integrar una asociación ilícita.
Mientras que el presidente y sus ministros son señalados por ser responsables manifiestos del dictado del decreto de necesidad y urgencia aludido, la Vicepresidenta y el Presidente de la Cámara baja, lo serían de haber demorado el trámite de formación de la Comisión Bicameral y el tratamiento del mismo en ambas Cámaras.
Por omisión a esta maniobra que perpetúa la vigencia de un decreto que la misma Constitución Nacional fulmina con “nulidad absoluta e insanable”, se incluye en la demanda al Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal y a los ministros que integran actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.
La acusación señala que el DNU no fue una respuesta frente a una situación riesgosa que obligaba a actuar para prevenir una catástrofe – aspecto previsto en la Constitución Nacional como fundamento para su emisión – sino que, a la inversa, es la causa de la catástrofe que se desarrolla como un enorme dominó que profundiza el desastre cada día que pasa, frente a la inacción de los poderes republicanos.
Entre los considerandos, el texto plantea que el objetivo de Javier Milei y sus aliados y el verdadero propósito del pregonado “cambio” es una “profunda alteración del orden constitucional que provee las bases estructurales a la dinámica socioeconómica de la Nación, manifestado en sus ataques al Congreso y sus procedimientos”.
El escrito solicita también se declare al presente DNU 70/2023 como inadmisible, nulo de nulidad absoluta e insanable por su manifiesta inconstitucionalidad para evitar la quiebra del Estado de Derecho.
